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Dos muertes en menos de 48 horas han puesto en evidencia el costo humano del ajuste económico sobre las fuerzas de seguridad. La noticia de que un soldado de 21 años se quitó la vida en la Quinta de Olivos fue solo el inicio de una semana negra que continuó hoy con el hallazgo del suboficial principal Juan Javier Pereyra en el cuartel de Monte Caseros. Fuentes locales en Corrientes ya señalan lo que el Gobierno intenta omitir: la hipótesis principal apunta a que la decisión de Pereyra, un aficionado al deporte y con años de servicio, estuvo motivada por asfixiantes problemas económicos derivados del deterioro salarial.
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Esta seguidilla de tragedias desnuda una realidad que golpea con fuerza a la tropa y a los suboficiales: los sueldos ya no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de las familias militares. Mientras el Gobierno se jacta de un superávit fiscal a costa del bienestar de los trabajadores, jóvenes como Rodrigo Gómez y veteranos como Pereyra terminan siendo las víctimas invisibles de un modelo que descuida el bienestar social de quienes portan el uniforme. La justicia federal de Paso de los Libres y de San Isidro ahora deberán investigar si, detrás de estos disparos y ahorcamientos, no se esconde una desesperación colectiva por el hambre y las deudas que la gestión actual se niega a reconocer.
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