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La realidad en los galpones metalúrgicos de todo el país es dramática: hoy, más de la mitad de las máquinas están apagadas. Durante noviembre, la actividad se contrajo un 0,5% respecto al mes anterior, consolidando un ciclo de estancamiento que ya devora puestos de trabajo registrados. Según datos del CEPA, la sangría laboral bajo el actual esquema económico supera los 280.000 despidos en el sector privado, un fenómeno que en la metalurgia se traduce en una caída del empleo del 3,3% en solo un año. La pérdida de dinamismo es total y afecta especialmente a los sectores vinculados al consumo diario, que se desplomaron un 8,3% debido a la pérdida del poder adquisitivo de los vecinos.
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El impacto geográfico de la crisis revela un castigo desigual pero generalizado. En Santa Fe y Entre Ríos, las tímidas señales de recuperación de meses anteriores se esfumaron, retornando a terreno negativo este mes. La situación es crítica para quienes dependen de la construcción y la industria automotriz, sectores que lideran el ranking del desplome. Para el trabajador promedio, el «escenario frágil» que describe ADIMRA significa menos horas extras, suspensiones y la amenaza latente del cierre definitivo, en un contexto donde el número de empleadores con personal registrado se contrajo casi un 4%. El modelo actual está logrando lo que pocas crisis anteriores pudieron: desactivar el motor social del interior productivo argentino.
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