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La consigna de «libertad» que pregona el Ejecutivo parece detenerse en la frontera de las redes sociales. Daniel Vera, un jubilado chaqueño, se ha convertido en el rostro de la criminalización de la opinión en la era libertaria. Detenido desde julio pasado, Vera enfrenta cargos por «amenazas de muerte» y «antisemitismo» tras compartir imágenes críticas hacia el presidente Javier Milei y cuestionar el conflicto en Gaza. El proceso, que se inició en la Ciudad de Buenos Aires a través de una brigada de ciberpatrullaje, derivó en una vigilancia silenciosa de medio año sobre su hogar y su empleo antes de proceder a una detención que muchos juristas ya califican como una desmesura autoritaria.
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El operativo, avalado por el juez Lijo, incluyó una puesta en escena comunicacional donde se pretendió mostrar el hallazgo de un «arsenal». No obstante, la realidad distó mucho de la peligrosidad denunciada: lo incautado fueron rifles de aire comprimido y utensilios de cocina. Vera denunció en sede mediática que la acusación por antisemitismo se basa en 14 publicaciones en defensa del pueblo palestino, mientras que las supuestas amenazas contra el mandatario y periodistas afines consistieron en imágenes sin texto que apenas tuvieron trascendencia digital.
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