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La sociedad civil organizada ha comenzado a levantar un muro de resistencia frente a lo que consideran el decreto más peligroso de la gestión de Javier Milei. Bajo el amparo de la «necesidad y urgencia», el Gobierno ha facultado a la SIDE para intervenir en la libertad ambulatoria de las personas y para recolectar información de bases de datos de salud, educación y servicios de millones de argentinos. Para entidades como Poder Ciudadano, Greenpeace y la Fundación Huésped, este escenario no solo es inconstitucional por legislar en materia penal mediante un DNU, sino que debilita los controles básicos que protegen a los ciudadanos del acoso estatal.
Los puntos que encienden las alarmas sociales:
Detenciones arbitrarias: El decreto introduce la figura de la «aprehensión» por parte de espías, una facultad que la Constitución reserva exclusivamente a la justicia y fuerzas de seguridad bajo protocolos estrictos.
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Vigilancia masiva: La obligación de organismos públicos de compartir datos sensibles con la SIDE elimina el derecho a la privacidad.
Opacidad democrática: El rechazo a conformar las comisiones de control es visto como un intento de evitar que la ciudadanía sepa cómo se utilizarán los fondos reservados y las nuevas facultades de inteligencia.
El reclamo no solo es político: es una batalla judicial que ya suma múltiples pedidos de amparo. Mientras el oficialismo espera que el «clima de fin de año» y el receso de enero borren la memoria del decreto, las organizaciones sociales recuerdan que las reformas que afectan libertades individuales no pueden ser adoptadas de manera unilateral ni discrecional, exigiendo que el Congreso cumpla su rol de freno ante un Ejecutivo que parece ignorar la división de poderes.
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