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Lo que queda en la comarca andina después de una semana de llamas es un paisaje de desolación. Más de 3000 personas han tenido que abandonar sus hogares, viendo cómo el fuego, iniciado con total alevosía cerca de las 15 horas del pasado lunes, consumía viviendas, fauna y flora autóctona. El fiscal Carlos Díaz Mayer ratificó que no se trató de un accidente doméstico ni de un fogón mal apagado: el punto de origen fue un sitio inhóspito cerca de Puerto Patriada, elegido estratégicamente para maximizar el desastre. La lluvia del fin de semana trajo un alivio que el Estado, con sus mermados recursos de combate, no supo garantizar a tiempo.
El malestar social crece a medida que se conocen los detalles de la causa. Los damnificados critican que, mientras las llamas avanzaban, desde el Gobierno Nacional se perdiera tiempo valioso buscando culpables ideológicos, una teoría que la justicia local ya desechó de plano. Para las familias que lo perdieron todo, el silencio sobre la posibilidad de emprendimientos inmobiliarios en las zonas quemadas es alarmante. Si bien el fiscal afirma que es una hipótesis «posible», los vecinos exigen leyes que prohíban la venta de tierras incendiadas para frenar un negocio que se cobra bosques enteros cada temporada.
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Pérdidas irreparables: Miles de animales muertos y la destrucción de biodiversidad que tardará décadas en recuperarse.
Aislamiento: La zona del inicio, entre El Oso y Puerto Patriada, demuestra que los autores conocían la dificultad de acceso para los brigadistas, aprovechando la vulnerabilidad del sistema de emergencias.
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