La promesa que no llegó a la fábrica: un accidentado del interior no cobra si no pasa por Tribunales
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En las barriadas populares y en los pueblos del interior, un golpe en la fábrica, una caída en la obra o una lesión en el campo ya no se curan con una indemnización: se curan con una carpeta en Tribunales. El trabajador que se lastima sabe que, para cobrar lo que le corresponde, primero tiene que bancarse un juicio que puede durar años. Esa es la cruda realidad que la actual gestión se negó a mirar cuando prometió que su reforma terminaría de una vez con la llamada «industria del juicio». Los papeles dicen lo contrario: la litigiosidad no baja, estalla.
Los números cuentan el drama con precisión. En los primeros siete meses del año se acumularon 72.525 nuevos juicios contra el sistema de riesgos del trabajo, y la proyección para todo 2026 ya supera las 137.000 demandas, un fuerte aumento respecto de 2025. El dato más revelador es territorial: Santa Fe lidera la suba de la litigiosidad, por encima incluso de la Ciudad de Buenos Aires. Son los trabajadores del interior, los más desprotegidos, los que terminan golpeando las puertas de la Justicia para acceder a una reparación que el sistema les escamotea.
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El oficialismo insiste en hablar de una «industria del juicio» como si los demandantes fueran los culpables. La calle cuenta otra cosa: detrás de cada expediente hay un changarín, un operario o un jubilado que no llega a fin de mes con la devaluación del bolsillo y que no puede darse el lujo de esperar. La asfixia de las coberturas y la licuación de las garantías dejan a los sectores más desprotegidos en plena vulnerabilidad, obligados a litigar para no caer en la privación. En los comercios de cercanía y en las familias trabajadoras, un accidente dejó de ser un imprevisto y pasó a ser una batalla.
La proyección no deja margen para el optimismo: si la tendencia se sostiene, el récord de demandas seguirá escalando y, con él, la desprotección de los que menos tienen. El modelo se vendió como un alivio para las empresas, pero lo que se palpa en el día a día es el desplome de las garantías y el desamparo de quien labura. Mientras la actual gestión repite sus cifras, en el interior cada accidente de trabajo sigue siendo un camino solitario hacia un juicio, la única puerta que el sistema deja entreabierta para un laburante que ya no tiene a quién reclamarle.
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