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El impacto del paro general se siente con especial fuerza en los grandes centros urbanos y polos productivos, donde el silencio de las terminales de colectivos y las fábricas atestigua el rechazo social a la denominada «modernización laboral». En Santa Fe, la paralización del transporte urbano e interurbano es total, sumándose al cese de actividades en el sector aceitero y docente, lo que ha generado una postal de desierto en la capital provincial y cortes estratégicos en los accesos a Rosario. Los gremios aseguran que la movilización no es solo por el futuro legislativo, sino por un presente marcado por el ajuste salvaje que ya se cobra miles de puestos de trabajo en la industria nacional y precariza la vida cotidiana de las familias.
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En la provincia de Córdoba, la unidad sindical ha logrado una convocatoria masiva que trasciende el simple cese de tareas, con una conferencia de prensa conjunta que sentenció que «los derechos se defienden» ante la amenaza de un modelo que busca facilitar los despidos arbitrarios. La situación en el norte argentino no es distinta: en Chaco, el gremio de la salud INSSSEP y la UTA han clausurado la atención y el movimiento, mientras que en Corrientes la tensión social escala por el conflicto en la industria textil, donde se intenta aplicar de hecho el recorte de resarcimientos económicos. Esta huelga nacional pone de manifiesto que, más allá de la aritmética parlamentaria del oficialismo, el costo social de la reforma ya es inasumible para una población que ve cómo el Estado desmantela sus protecciones básicas mientras las autoridades se desentienden de la crisis de ingresos.
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