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La Argentina que proyecta La Libertad Avanza es un país donde el trabajador formal carece de voz y de herramientas de reclamo. Según el estudio «Una reforma de regresión laboral» del CETyD (UNSAM), el corazón de la iniciativa oficial apunta a neutralizar la huelga mediante la declaración arbitraria de «servicios esenciales». Si el Senado convalida este retroceso de dos siglos, la cantidad de asalariados con el derecho a la protesta restringido saltará de 470 mil a 2,9 millones. Se trata de una institucionalización de la indefensión que, sumada a la legalización del fraude laboral y la precarización en plataformas, configura un escenario de «esclavitud moderna» bajo el sello del equilibrio fiscal.
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El impacto económico es igualmente brutal. La reforma no solo habilita salarios por debajo de la línea de pobreza al permitir convenios por empresa que perforan los pisos sectoriales, sino que también ejecuta un desfinanciamiento sistémico de la salud. Al reducir las contribuciones patronales a las obras sociales, el Estado resignará unos 2.500 millones de dólares anuales, dinero que dejará de invertirse en la atención de los trabajadores para engrosar la rentabilidad de las grandes compañías. En este contexto, la figura del delegado sindical se vuelve la única cara visible ante el vecino o el compañero que enfrenta el despido sin indemnización o la flexibilización de su jornada, en un mercado laboral que Milei pretende convertir en una selva de exclusión.
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