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Mariano Cúneo Libarona volvió a encender una bomba política: ahora el Gobierno va por la figura de femicidio. El ministro de Justicia aseguró que es “inconstitucional” porque “es solo para la mujer” y anunció una reforma para “revisarla”, presentándola como una cuestión de “equidad”. En los hechos, la jugada huele a lo de siempre: cambiar el nombre y el encuadre para correr del centro la violencia de género.
El femicidio fue incorporado al Código Penal en 2012 (Ley 26.791) para agravar penas cuando el homicidio ocurre por razones de género. No se trata de una etiqueta decorativa: es una herramienta jurídica para identificar una forma específica de violencia extrema, que no es aleatoria ni simétrica y que se sostiene en relaciones de poder, control y desigualdad.
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Pero el ministro eligió el guion preferido del oficialismo: hablar de “privilegios” y “proporcionalidad” para discutir lo que en realidad es otra cosa. Su propuesta incluye “hombricidio y femicidio”, como si el problema fuera que la ley “deja afuera” a varones y no que hay una violencia estructural que sigue matando mujeres año tras año. Y para bajar el costo del anuncio, agregó que no piensa liberar condenados: que “se le dará otra forma”. Traducción: no dicen “derogamos”, dicen “reconfiguramos”, pero el objetivo es el mismo.
La pregunta de fondo es política: ¿por qué el Gobierno dedica energía a discutir cómo se nombra el femicidio en lugar de fortalecer prevención, protección y justicia? Cuando el oficialismo se obsesiona con “neutralizar” el enfoque de género, lo que neutraliza en la práctica es la capacidad del Estado de reconocer —y sancionar con claridad— una violencia que no nace del azar, sino de una desigualdad real.
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