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El futuro de la salud pública y la educación superior en Argentina entra en una fase de quiebra inducida según el proyecto de Presupuesto 2026 presentado por el Gobierno Nacional. La decisión de derogar las leyes que protegían el financiamiento del Hospital Garrahan y las universidades nacionales marca un hito en la política de desprotección social. Para el año entrante, instituciones de salud vitales como el Hospital de Clínicas, el Instituto Roffo y el Lanari sufrirán una caída del 30% en sus partidas presupuestarias reales, poniendo en riesgo la atención de más de 700 mil pacientes. Esta «motosierra» se complementa con una pérdida salarial del 45% para docentes y científicos, quienes ya no pueden sostener sus condiciones de vida básicas frente a la inflación acumulada.
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Desde la perspectiva social, la derogación de la Ley de Emergencia Pediátrica despoja al sistema de las herramientas necesarias para enfrentar la creciente demanda de atención infantil, eliminando refuerzos presupuestarios que eran clave para garantizar recursos humanos e insumos médicos. El Ejecutivo justifica este abandono bajo la lógica de que el «equilibrio fiscal» es la única meta posible, sugiriendo que el bienestar social llegará por derrame tras mejorar el clima de negocios para los sectores con mayor capacidad contributiva. Sin embargo, la realidad que perciben las familias es la de un Estado que se retira de la salud y la educación para concentrar sus esfuerzos en un superávit que solo sirve para blindar el pago de compromisos financieros externos.
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