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La reciente noticia sobre la comercialización de carne de burro en el sur del país no es una anécdota simpática, sino la señal de alerta de una sociedad al límite, donde el precio de la carne vacuna ha subido más de un 300% durante el actual gobierno. Este fenómeno, que afecta particularmente a los hogares de ingresos medios y bajos, ha generado que el consumidor busque cualquier salida económica para no sacrificar su nutrición básica, convirtiendo una alternativa marginal en una opción de supervivencia frente a la inoperancia de los controles estatales.
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La desesperación de los ciudadanos ante esta realidad contrasta con el cinismo de los funcionarios nacionales, quienes en el pasado han llegado a proponer «limpiar» los índices de precios excluyendo la carne de sus mediciones para aparentar una estabilidad inexistente. Esta táctica de esconder la crisis bajo la alfombra recuerda los peores episodios de la historia económica argentina, donde se intentaba ocultar el encarecimiento de la vida mediante el artilugio de modificar las canastas de medición. Mientras el Gobierno se escuda en el argumento de que la faena es una cuestión de salubridad interna y responsabilidad de las provincias, la realidad es que el peso del ajuste cae sobre los hombros de quienes ya no pueden cubrir ni siquiera los cortes más económicos de vaca. La viralización de este tipo de alternativas no es más que la prueba irrefutable de que, bajo el actual plan económico, la alimentación de calidad se ha vuelto una variable de ajuste al servicio del equilibrio fiscal.
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