El Gobierno prepara la baja de 20.000 pensiones por invalidez tras la media sanción de la Ley de Discapacidad
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La Cámara de Diputados le dio media sanción a una Ley de Discapacidad el 22 de octubre y el oficialismo cedió: aceptó modificar el dictamen que la Casa Rosada había enviado al Congreso, que buscaba eliminar beneficios como la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNC). Por presión de los aliados legislativos, las PNC se mantendrán en la ley, que ahora debe tratarse en el Senado.
Sin embargo, la Casa Rosada no esperará esa discusión para avanzar por otra vía. Según fuentes oficiales, el Gobierno anunciará en los próximos días un recorte de alrededor de 20.000 Pensiones por Invalidez Laboral, identificadas como «truchas». El ajuste surge de una auditoría que busca confirmar cuántos de los más de 1.100.000 beneficiarios de las PNC cumplen los requisitos para cobrar el subsidio.
«Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan», explicaron los funcionarios que trabajan en el tema. En el Gabinete sostienen que los recortes continuarán y que se suspenderá el envío de fondos a decenas de miles de personas que cobran la prestación desde hace años.
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La PNC incluye un haber mensual de alrededor de $380.000 y la posibilidad de acceder a medicamentos mediante el plan Incluir Salud. El Gobierno atribuye el crecimiento de beneficiarios a la gestión de Alberto Fernández: en mayo de 2023 la administración anterior anunció 300 mil Pensiones por Invalidez Laboral, y los funcionarios libertarios afirman que buena parte se otorgó «sin criterio».
Entre los casos que el oficialismo cita como fundamento figura la Fundación METAS, registrada en La Reja, partido de Moreno, y dada de baja del sistema SENADIS el 17 de septiembre del año pasado. Entre febrero de 2017 y 2025 facturó, solo en fondos públicos, más de $6.200 millones; los inspectores encontraron el edificio cerrado, sin agua, sin electricidad y sin muebles. Tras la clausura, nadie de la institución presentó quejas.
El anuncio llega en un contexto sensible: el sector reclama desde hace tres años presupuestos acordes y la media sanción de la ley se demoró más de un año hasta que el Gobierno se comprometió a habilitar la votación con modificaciones. En Economía y en la propia Presidencia incomodó «abrir el grifo del gasto».
En Salud inquieta que los grandes ganadores de las nuevas normas terminen siendo los contratistas del área de discapacidad, más que los propios afectados. El financiamiento de la ley quedó a cargo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El escenario arrastra, además, el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad: el ex titular Diego Spagnuolo fue procesado por comprar medicamentos con sobreprecios.
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