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El contraste es obsceno: en una Argentina donde se ajustan presupuestos básicos, el Banco Central vuelve a ser noticia por presuntas maniobras que beneficiaron a unos pocos a costa del Estado Nacional. La orden de allanamiento dictada por el juez Sebastián Casanello busca pruebas sobre cómo se fugaron millones de dólares al tipo de cambio oficial para luego ser «bicicleteados» en el mercado negro. Los investigadores sospechan que la estructura liderada por Elías Piccirillo simulaba importaciones para capturar divisas baratas, una maniobra que le cuesta al país reservas vitales y que contaría con la complicidad de funcionarios públicos encargados de vigilar cada centavo de los argentinos.
Impacto de la maniobra:
Fuga de capitales: Uso de dólares oficiales para fines especulativos en lugar de insumos productivos.
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Perjuicio Millonario: El artículo 174 del Código Penal tipifica este fraude al Estado como una de las estafas más gravosas para el tesoro público.
Deterioro Social: Cada dólar obtenido fraudulentamente por este esquema es un recurso menos para sostener la salud pediátrica o la educación universitaria, hoy en emergencia.
El operativo judicial busca confirmar si firmas fantasma vaciaron las reservas del Central sin ingresar un solo producto al país. Esta «industria del juicio y del fraude» demuestra que, a pesar de las promesas de cambio, los circuitos de enriquecimiento ilícito siguen activos en los pasillos oficiales. Para el vecino que camina la calle, este allanamiento no es solo un trámite legal, sino la confirmación de que la austeridad que se le exige no se aplica a quienes tienen los contactos necesarios en las oficinas del Reconquista al 200.
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