- Advertisement -
El destino de Venezuela ha quedado oficialmente atado a la rentabilidad de las petroleras de Texas y el mundo occidental. El presidente Donald Trump anunció que la supuesta «reconstrucción» del país caribeño se ejecutará bajo criterios estrictamente financieros, utilizando los recursos naturales de Caracas para subsidiar la economía global y bajar los precios internacionales. Este enfoque de «supervisión» indefinida despoja a las instituciones locales de su autonomía, convirtiendo al país en un administrador de fondos supervisado por el Departamento de Estado bajo la premisa de que la nación necesita dinero desesperadamente.
- Advertisement -
La estrategia, detallada por el secretario de Estado Marco Rubio, prioriza la seguridad jurídica de los inversores extranjeros por sobre cualquier demanda social interna o soberana. En la etapa de «recuperación», el plan es explícito: garantizar que las compañías de EE. UU. operen sin trabas en el mercado venezolano, transformando la crisis humanitaria en una oportunidad de mercado. La etapa inicial de estabilización servirá para imponer orden y evitar lo que Washington denomina «caos», asegurando el control territorial necesario para la extracción.
La advertencia de Trump de que «solo el tiempo dirá» cuánto durará este proceso resuena como una amenaza para la estabilidad regional. Si bien se menciona una futura fase de transición y la posible amnistía para figuras de la oposición, estos hitos aparecen totalmente supeditados a la reconciliación económica y al éxito de los negocios petroleros. En definitiva, la libertad de los ciudadanos y la normalización política parecen haberse convertido en simples monedas de cambio en una negociación mayor por el control de las refinerías y el flujo energético hacia el Norte.
- Advertisement -