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La gestión de Jorge Macri sumó un nuevo capítulo a su política de confrontación con las organizaciones territoriales. En las primeras horas de este jueves, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCABA) ejecutó el desalojo del predio situado en Tandil y Olivera, un espacio que, lejos de ser una «usurpación» como afirmó el mandatario en su cuenta de X, funcionaba bajo un convenio oficial desde hace más de una década y media. El operativo no solo interrumpe un servicio público de higiene urbana, sino que se enmarca en un discurso de campaña que prioriza la imagen de «mano dura» por encima de los acuerdos institucionales vigentes entre el Estado y las cooperativas de trabajo.
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La desmentida de los trabajadores fue inmediata. Desde el MTE recordaron que el lugar fue cedido legalmente por el propio GCABA y que incluso personal de la Ciudad cumplía funciones allí diariamente. La decisión de cortar los canales de diálogo unilateralmente por parte de la Dirección de Reciclado evidencia una voluntad política de asfixiar la economía popular, exponiendo a 200 familias a la desocupación. Este desalojo se suma a la desidia oficial que ya mantiene en ruinas el Centro Verde Barracas tras el incendio de 2024, dejando a la Ciudad con una infraestructura de reciclado cada vez más precaria.
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