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La gestión del Gobierno de Javier Milei ha demostrado su total indiferencia hacia la crítica situación económica de los trabajadores al imponer por decreto una pauta de incremento para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Tras la ruptura de las negociaciones en el Consejo del Salario, el Ejecutivo oficializó un irrisorio aumento inicial de solo $6.200, llevando el mínimo a $328.400 en noviembre. Esta suba no solo es humillante, sino que se diluye en un solo gasto menor: según cálculos basados en índices de precios, el aumento equivale apenas a la compra de dos empanadas, evidenciando el desprecio por el poder adquisitivo.
La decisión unilateral del Gobierno condena a millones de familias a la pobreza salarial. Mientras que la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo ya se elevó a $1.276.649 en octubre, el salario mínimo queda más de cuatro veces por debajo de la línea de subsistencia. Organizaciones sociales y sindicales, como UTEP y las CTA, han reclamado que el SMVM se equipare al costo de vida, pero el Gobierno respondió con un piso salarial que solo garantiza la miseria. La resolución establece subas escalonadas hasta agosto de 2026, pero el análisis del IIEP-UBA confirma que, desde diciembre de 2023, el SMVM acumula una pérdida de poder adquisitivo del 35% en términos reales.
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