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La CGT rompió el silencio cauteloso que mantenía y ha declarado un estado de confrontación abierta contra el Gobierno de Javier Milei, convocando a una masiva marcha al Congreso el 18 de diciembre. Este anuncio, que según fuentes de la propia central significa que los líderes se «pintaron la cara», es una reacción directa al contenido «fragmentado y regresivo» de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Ejecutivo. La movilización no se suspenderá, incluso si el proyecto no ingresa formalmente en el período de sesiones extraordinarias, consolidando el plan de lucha que se enfocará en las calles, el Parlamento y la Justicia.
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La decisión fue tomada en medio de una «rosca de palacio» que refleja la tensión interna: el sector más moderado de la CGT finalmente cedió ante la presión del ala combativa, que exigía señales concretas de movilización frente al intento del Gobierno de avanzar con una reforma unilateral. La estrategia sindical considera «clave» que la iniciativa no se apruebe en las próximas semanas, buscando postergar el debate a sesiones ordinarias con la esperanza de que «no le den los tiempos» al oficialismo. Además, la central obrera logró sellar un frente común con el bloque peronista en el Senado, donde dirigentes como José Mayans y Mariano Recalde prometieron rechazar la reforma. Coincidieron en que cualquier modernización debe discutirse mediante convenciones colectivas y no por imposición, blindando la posición de la CGT ante la intentona oficial de reducir las cuotas solidarias sindicales y limitar la injerencia gremial.
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