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Eran las 7:15 de la mañana cuando el ritual cotidiano de saludar a la bandera fue interrumpido por las detonaciones de una escopeta, empuñada por un alumno de tercer año que descargó su violencia sobre chicos de 13 años. El saldo de esta mañana fatídica es un estudiante fallecido y una familia destrozada por una pérdida que era evitable. Mientras los videos captados por los celulares de los alumnos muestran el pánico y las corridas, queda en evidencia que los protocolos de «vigilancia» municipal solo sirven para registrar la tragedia una vez consumada, pero fallan sistemáticamente en proteger la vida dentro de las aulas.
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La gravedad de las heridas sufridas por uno de los sobrevivientes, quien permanece internado en Rafaela con lesiones severas en cuello y cara, refleja la potencia del ataque y la facilidad con la que el agresor accedió al equipo balístico. Docentes y padres se encuentran en estado de shock ante la falta de antecedentes de conducta del atacante, lo que subraya la ausencia de equipos interdisciplinarios que puedan detectar señales de alarma en un contexto de crisis social creciente. El hecho de que la tragedia se haya contenido gracias al arrojo de un trabajador escolar y no por una política de prevención efectiva, pone en jaque el discurso de seguridad del Gobierno Nacional. En una ciudad de poco más de cien años de historia, el dolor se transforma en una exigencia urgente: respuestas claras sobre el origen del arma y un compromiso real con la salud mental y la seguridad de quienes habitan la escuela pública.
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