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En un acto de estricta reivindicación histórica, la Justicia logró un avance crucial en la lucha contra la impunidad al imputar a 17 ex militares y ex policías de Mendoza por crímenes de lesa humanidad. Este caso es inédito, pues los querellantes, hoy adultos, relatan en primera persona el secuestro, la tortura y las violencias diferenciadas que sufrieron siendo niños, niñas y adolescentes durante la última dictadura. El proceso judicial, impulsado por la incansable Ángela Urondo, hija del poeta Paco Urondo, se erige como un recordatorio de los horrores del terrorismo de Estado en un momento político donde los discursos negacionistas intentan minimizar la magnitud de estos crímenes.
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La imputación, que llega justo el día en que se conmemora la Declaración Internacional de los Derechos Humanos y los dos años de la gestión de Javier Milei, subraya la frustrante lentitud de la Justicia en Argentina. Crímenes tan atroces, que incluyeron desde poner un arma en la boca de un adolescente hasta mantener niños en cautiverio en centros clandestinos como el D-2 (donde Angelita estuvo secuestrada), debieron haber sido juzgados hace décadas. La decisión judicial revela la entidad del genocidio y la violencia específica ejercida contra la infancia, obligando a nombrar lo que la dictadura buscó silenciar y lo que el actual clima político intenta ignorar. La lucha de las víctimas se vuelve un acto de resistencia cívica frente al olvido promovido.
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