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En una ofensiva directa contra el bolsillo de la ciudadanía, el Gobierno Nacional ha decidido utilizar su reciente triunfo electoral de octubre para profundizar el ajuste, imponiendo un nuevo y acelerado esquema de quita de subsidios a los servicios de gas y electricidad para el año 2026.
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Esta política no solo implica la destrucción del sistema de segmentación (N1, N2, N3) para forzar a la gran mayoría de los usuarios residenciales a pasar a una categoría sin asistencia estatal, sino que ha sido dispuesta por decreto y sin convocar a las obligatorias audiencias públicas. La administración de Javier Milei anunció que aplicará un doloroso sendero de aumentos graduales cada mes, calco del ya cuestionado esquema implementado durante el año en curso.
Esta medida, que desconoce la capacidad de pago de los sectores medios y bajos y pisotea la participación ciudadana, tiene como único fin la obsesión fiscal del Ejecutivo: garantizar el superávit a costa del bienestar popular. El objetivo final para diciembre de 2026 es que la inmensa mayoría de los argentinos pague tarifas plenas, con la promesa vacía de que el «ahorro» irá a obra pública; sin embargo, los hechos demuestran que estos recursos se desvían principalmente a pago de deuda y especulación financiera. Los datos son alarmantes: el Reporte de Tarifas y Subsidios de la UBA ya advertía que, entre 2023 y fines de 2025, el gas natural se encareció un 748% y la energía eléctrica subió un 263%, demostrando el impacto destructivo del modelo contra la calidad de vida.
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