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En lugar de ordenar el sistema sin castigar a los usuarios, el Gobierno eligió el camino más rápido: otro tarifazo. Esta vez le tocó al transporte público. Las líneas nacionales de colectivos del AMBA tendrán un aumento total del 41% desde la semana que viene, en dos tramos, según la Resolución 8/2026 publicada este lunes.
La Secretaría de Transporte intenta vender la medida como una búsqueda de “competitividad” y “actualización”. Pero el resultado concreto es uno solo: un salto abrupto en el boleto para quienes dependen todos los días del colectivo para trabajar, estudiar o moverse. El ajuste afecta a las líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo: unas 104 en total.
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El cronograma es claro y el impacto, también. El 17 de febrero se aplica el primer golpe: +31%, con boleto mínimo a $650. Un mes después, el 16 de marzo, llega la segunda parte: +10%, llevando el mínimo a $700 y completando el 41%. El Gobierno incluso admite que busca “equiparar” el valor con CABA, como si “emparejar hacia arriba” fuera una política pública y no una excusa.
El dato político es difícil de esconder: a fines de enero se desactivó el paro de la UTA prometiendo más subsidios o aumento del boleto. La discusión terminó resolviéndose, una vez más, con el manual de siempre: ajuste a demanda, con el Estado mirando para otro lado y el usuario pagando la cuenta.
Y para completar el cuadro, abren una consulta pública que no es vinculante. Es decir: escuchan tres días, pero deciden igual. Mantienen Tarifa Social y Red SUBE, sí, pero con el boleto dando un salto así, los “descuentos” funcionan más como parche que como alivio real.
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