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Impulsada por el oficialismo y sectores aliados, la propuesta establece agravamientos especiales para los casos de crímenes contra la integridad sexual, lo que podría generar un efecto inhibitorio en mujeres y menores de edad que necesiten recurrir a la justicia. Bajo el argumento de proteger la presunción de inocencia, funcionarios como el ministro Mariano Cúneo Libarona han respaldado una visión que, según organizaciones de derechos humanos, ignora la complejidad de los procesos de prueba en delitos de género y pone en riesgo décadas de avances en materia de derechos de las víctimas.
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La iniciativa propone escalas penales que van de uno a tres años para denuncias generales, pero que se duplican cuando se trata de violencia de género o abusos contra niños. Esta asimetría punitiva es vista con preocupación por especialistas que advierten que, ante el miedo a ser encarceladas si no obtienen una condena, muchas víctimas optarán por el silencio, favoreciendo la impunidad de los agresores. Sin cifras oficiales que respalden la magnitud de las supuestas «denuncias falsas», el Gobierno nacional prefiere abrazar una retórica que tilda de hipócrita la solidaridad con la víctima, priorizando una agenda de confrontación social en un momento donde el entramado de contención estatal para personas en situación de violencia sufre un desmantelamiento sin precedentes.
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