La urgencia social llega al recinto: la oposición pidió sesión especial para destrabar 50 proyectos y la emergencia en discapacidad

En cada barrio hay una familia que hace meses estira la plata y no consigue turno ni cobertura para un hijo con discapacidad. La devaluación del bolsillo convirtió las terapias en un gasto imposible de sostener para muchos hogares, que ya recortan en remedios, en la olla y en el transporte. Esa espera es la cruda realidad que late detrás de una decisión parlamentaria: la oposición pidió una sesión especial para el 9 de septiembre en Diputados y, entre las iniciativas que quiere poner sobre la mesa, está la extensión de la emergencia en discapacidad por un año más.
El bloque opositor no se quedó en el gesto ni en la foto. Quiere emplazar a las comisiones para discutir y consensuar 50 proyectos, un paquete que llega en un momento de asfixia para los sectores más desprotegidos. El drama se palpa todos los días en los comercios de cercanía, donde cada vez se vende menos y se fía más, y en los jubilados que miran la góndola una y otra vez antes de decidir qué dejan afuera del carrito. También lo sufren los changarines que no encuentran changas y las pymes que pelean para no bajar la persiana. Son las mismas cuentas que no cierran en las barriadas populares.
La emergencia en discapacidad no es un trámite administrativo: para miles de hogares significa la diferencia entre sostener los tratamientos o quedar a la intemperie. Por eso el pedido de sesión se leyó en los barrios como una señal de que la oposición intenta dar pelea en el recinto frente al ajuste que impone la actual gestión. Extenderla por un año más es, para esas familias, una bocanada de aire en medio del desplome de los ingresos. Sin esa extensión, el riesgo es que muchas familias queden sin acompañamiento ni rehabilitación, en una nueva vuelta de tuerca de la licuación.
El oficialismo insiste en su relato de orden, pero la calle cuenta otra cosa: un presente de privación y vulnerabilidad que, de no destrabarse los proyectos, se agravaría en los próximos meses. La sesión del 9 de septiembre aparece así como una cita para ver si el Congreso se hace cargo del drama o vuelve a darle la espalda a los que menos tienen.
