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Con una inflación que en marzo alcanzó el 3,4% y parece haber encontrado un nuevo piso, el organismo ha convalidado un modelo que apuesta a la recesión como principal herramienta de desinflación. Para los vecinos, esta aprobación técnica del Fondo significa la continuidad de un ajuste que, bajo la promesa de «saldo de caja cero», mantiene los salarios reales deprimidos y pone bajo la lupa las jubilaciones, consideradas por el organismo como un terreno donde se requieren «reformas bien planificadas» para reducir el gasto público.
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La advertencia de Kristalina Georgieva sobre la necesidad de discutir la inflación con el equipo económico local no es casual, sino el reconocimiento de un programa que está haciendo agua en su objetivo central. Mientras la Casa Rosada busca desesperadamente el financiamiento externo para cubrir sus obligaciones, el FMI ha delineado una estrategia financiera que incluye desde la venta de empresas estatales hasta un mayor endeudamiento público, medidas que el Gobierno presenta como señales de confianza para los mercados, pero que para el ciudadano común se traducen en incertidumbre. La dependencia de los dólares del Fondo se vuelve una contradicción creciente para un Ejecutivo que, al mismo tiempo, enfrenta las consecuencias del conflicto bélico global, el cual amenaza con seguir encareciendo la energía y los insumos básicos, haciendo que la desinflación prometida parezca una meta cada vez más lejana.
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