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Mientras los trabajadores denuncian el cese de 140 especialistas y un ajuste brutal, el Gobierno respondió con un decreto que permite entregar el control del tiempo en los aeropuertos a manos privadas. Una maniobra que pone en riesgo la seguridad de los vuelos al priorizar el castigo a la protesta gremial por sobre la idoneidad científica.
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La crisis que atraviesan los empleados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se agravó tras el anuncio oficial de que el organismo ya no será el único encargado de vigilar el cielo para la aviación argentina. En represalia directa contra el «apagón informático» y las huelgas de ATE por los masivos despidos, el Gobierno nacional decidió que la información meteorológica sea una mercancía que EANA S.A. podrá comprar a terceros. Para el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, esto representa un ataque directo al derecho a huelga: el oficialismo declara el servicio como esencial para prohibir protestas, pero lo desfinancia hasta dejarlo inoperativo.
La situación es crítica en las estaciones meteorológicas de todo el país, donde la reducción del 30% del personal civil ya afecta la calidad de los datos. El decreto presidencial establece un plazo de 180 días de «convivencia» antes de que los privados tomen el control total, un periodo que los trabajadores ven como una cuenta regresiva para la desaparición del organismo tal como se conoce. Mientras las familias de los 140 despedidos exigen la reincorporación, el Ejecutivo utiliza el presupuesto de seguridad aérea como una herramienta de disciplinamiento político, vaciando de recursos a la ciencia pública para favorecer negocios de oportunidad.
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