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El panorama para quienes dependen del colectivo en el conurbano y la capital es cada vez más desolador debido a la incapacidad de gestión del gobierno nacional. Bajo la excusa de la austeridad y la «motosierra», la Secretaría de Transporte ha permitido que la deuda con las líneas de colectivos escale hasta niveles insostenibles, ofreciendo ahora apenas una migaja de lo que se debe para intentar frenar un conflicto que ya es inevitable. Esta decisión política de desfinanciar el sector no solo pone en jaque a las empresas, sino que castiga directamente al vecino común, quien debe enfrentar demoras interminables y un servicio intermitente producto de la falta de previsión oficial.
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Para sumar presión al bolsillo popular, la gestión de Milei autorizó un nuevo incremento en las tarifas que se aplicará el próximo mes, consolidando al transporte como uno de los rubros que más empujan la inflación actual. Resulta contradictorio que, mientras el servicio se presta de manera deficiente por falta de inversión estatal, el costo para el usuario siga escalando sin techo, obligando a los bonaerenses a destinar una parte sustancial de sus ingresos solo para llegar a sus puestos de trabajo. Las promesas de paciencia que llegan desde la presidencia chocan de frente con la realidad de las paradas de colectivo, donde la «racionalización» de las frecuencias es el nombre elegante que el Gobierno le da a un ajuste que ya no se puede ocultar detrás de fríos números macroeconómicos.
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