- Advertisement -
Los datos son escalofriantes: casos de sarampión que se disparan un 1700% y un repunte de la mortalidad infantil y materna por falta de insumos básicos. En los barrios y pueblos del interior, donde el Estado era el único proveedor de salud, la ausencia de medicamentos y leche para prematuros se está pagando con vidas.
- Advertisement -
La realidad en las salitas y centros de atención primaria (CAP) de todo el país es desesperante. El plan Remediar, que antes garantizaba 80 medicamentos esenciales para 16 millones de personas, ha quedado reducido a su mínima expresión, dejando a los sectores más vulnerables sin tratamientos para el invierno. Esta retirada estatal ha provocado que enfermedades como la hepatitis A crezcan un 253% y el coqueluche un 474%. El ajuste no es solo una cifra en un Excel; es la disparada de casos de sífilis en embarazadas y la desprotección de los niños con cardiopatías congénitas que ya no reciben el apoyo nacional necesario.
El impacto social se agrava con el recorte del 26% en el envío de vacunas, pasando de 50 millones a apenas 37 millones de dosis distribuidas. En provincias como Santa Fe y Córdoba, las autoridades ya alertan que el stock trimestral está roto y que hay dosis que «directamente no se van a enviar». Mientras el Gobierno nacional minimiza los signos de alarma, la sociedad civil y los gremios de la salud ya preparan una marcha federal. En los pueblos del interior, donde no existen farmacias privadas, el fin de la provisión pública de fármacos representa una condena de abandono para quienes dependen exclusivamente del sistema público para sobrevivir.
- Advertisement -