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La decisión de la Casa Rosada llega en el momento exacto en que la CGT denunciaba una vulneración sistemática de los derechos constitucionales, dejando a los asalariados desprotegidos frente a cambios drásticos en el régimen de despidos y la actividad sindical que ahora cuentan con el aval directo del Presidente.
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La institucionalidad parece haberse convertido en una moneda de cambio bajo la gestión actual. Al solicitar al Senado el acuerdo para que Pesino extienda su mandato más allá del límite constitucional de 75 años, el Gobierno Nacional envía una señal inequívoca: el alineamiento con las necesidades operativas del programa económico tiene recompensas directas. Este beneficio se tramitó a contrarreloj, luego de que Pesino y la jueza María Dora González anularan la medida cautelar que mantenía suspendidos 82 artículos críticos de la reforma laboral, devolviendo al empleador facultades que habían sido cuestionadas por su carácter abusivo y el riesgo de daños irreparables
Este escenario genera una alarma social profunda, ya que los puntos que vuelven a tener fuerza de ley afectan directamente la estabilidad laboral y los ingresos de millones de argentinos. Al habilitar nuevamente la modificación de las indemnizaciones y las restricciones a la libertad sindical, el oficialismo no solo celebra un triunfo jurídico, sino que consolida un sistema de premios para aquellos jueces que facilitan la desarticulación del modelo de protección social. Mientras figuras como Sandra Pettovello festejan la vigencia de la Ley 27.802 en redes sociales, la realidad para el empleado común es de una precariedad institucional creciente, legitimada por un Poder Judicial que parece haber negociado su permanencia a cambio de sentencias a medida.
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