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En un escenario donde la inflación de marzo volvió a superar la barrera del 3%, el Gobierno nacional le echa más leña al fuego de los precios autorizando subas por litro en nafta y gasoil. Se trata de un ajuste que afecta especialmente al transporte de carga y al bolsillo de la clase media, que ya no tolera nuevos incrementos.
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El respiro duró poco para los consumidores argentinos. Tras haber suspendido los aumentos en abril por el temor al impacto de la crisis en Medio Oriente, el Gobierno de Milei decidió que mayo comience con una nueva carga impositiva. La suba de los tributos ambientales y líquidos se traducirá en incrementos nominales por litro que encarecerán la logística y, por decantación, el precio de los alimentos y servicios básicos. Para el gasoil, insumo vital para la producción agropecuaria, los nuevos montos incluyen un diferencial regional y una tasa ambiental que elevan el costo operativo en todo el país.
El diferimiento de las actualizaciones pendientes para junio no es más que una postergación del conflicto. El uso del esquema basado en el IPC para ajustar impuestos confirma que el Gobierno ha quedado atrapado en una inercia donde necesita recaudar más para cubrir el bache fiscal, aun a riesgo de paralizar aún más la actividad económica. En la práctica, este «ajuste por goteo» en los surtidores representa un castigo directo a la movilidad y la producción, en un contexto donde el salario real sigue sin recuperar el terreno perdido frente a la escalada constante de los costos regulados.
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