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La crisis del transporte, agravada por la eliminación de fondos nacionales, no solo implica esperas más largas y colectivos colapsados por la reducción de la flota, sino también un drama social silencioso: la pérdida de miles de empleos de conductores. En ciudades como Córdoba y Resistencia, el pasaje ya supera los $1.500, convirtiéndose en una barrera prohibitiva para el trabajador promedio.
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La movilidad en Argentina se ha vuelto un artículo de lujo inaccesible para gran parte de la población. El nuevo esquema tarifario que rige desde el 1 de mayo impone subas que llevan el mínimo en la Ciudad a $753,74 y el subte a un escandaloso valor de $1.490. Sin embargo, este aumento no se traduce en mejores frecuencias. Al contrario, el sistema funciona con 2.300 colectivos menos que hace siete años. La falta de inversión y el encarecimiento de los insumos —potenciado por la suba de impuestos a los combustibles— han generado un círculo vicioso de menos servicios y boletos más caros que castiga especialmente a quienes viajan desde el conurbano.
El impacto es federal y profundamente desigual. Tras la quita del Fondo de Compensación por parte de la Casa Rosada, el interior del país sufre tarifas un 45% más altas que las del área metropolitana, con boletos que promedian los $1.526. El costo del transporte sobre los ingresos familiares ha alcanzado niveles críticos, superando incluso los registros de prepandemia. Mientras el sistema se achica y los choferes pierden sus fuentes de trabajo, el ciudadano de a pie queda atrapado en un esquema donde el derecho a la movilidad está supeditado a un ajuste fiscal que no parece tener piso.
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